Protestar y disentir se paga con despidos en las empresas estatales
Fuente: Clavel A. Rangel Jiménez Correo del Caroni Viernes 6 de noviembre de 2015.
La criminalización de la protesta en Guayana tiene su antecedente en 2007, cuando el Gobierno imputó a los trabajadores de Transporte Camila por manifestar en contra de condiciones inseguras. Foto William Urdaneta.
En lo que va de año, al menos ocho casos de despido se suman a la lista de calificados de 2014, todos con un denominador común: dirigentes con algún tipo de liderazgo que han manifestado, abiertamente, su inconformidad con las políticas laborales del Gobierno nacional y las prácticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El episodio más reciente es el del trabajador de Orinoco Iron, Orangel Palma, quien esta semana recibió una notificación de calificación de despido. Palma ha sido uno de los líderes de las últimas protestas en la empresa briquetera cuya producción vive un largo letargo: casi dos años paralizada por falta de insumos y repuestos.
Un caso emblemático fue el del trabajador Diego Carrero, con más de 21 años de servicio en CVG Carbonorca. Tras negarse a participar en la recolección de firmas en contra del decreto de Estados Unidos que mencionaba a Venezuela como una amenaza, recibió la carta de despido en marzo de este año.
En CVG Bauxilum al dirigente del comité ejecutivo de Sutralúmina, candidato a la secretaria general del sindicato, Richard Potella, fue calificado de despido con un procedimiento de 2014, pocas semanas antes de que comenzara la contienda.
Los defensores de la salud y seguridad en el trabajo no han escapado del blanco de criminalización. Casos relevantes los de la Hidrológica del estado Bolívar (Hidrobolívar) y Ferrominera Orinoco (FMO).
El técnico de operaciones ferroviarias, Yanrichar Rosas, de Patio de Vacío, y Jorge Chacón de la Planta de Pellas, fueron calificados de despido en julio por reclamar mejores condiciones de medio ambiente y trabajo.
En la procesadora de mineral de hierro la gerencia activó calificaciones de despido en contra de delegados de prevención Los argumentos de los apoderados judiciales fue la defensa de la actividad económica de su defendida, en detrimento de los argumentos de seguridad y salud. Dos meses después, un trabajador con más de 30 años de servicio murió en un accidente laboral en la planta de PMH.
Una argumentación similar utilizó la empresa dependiente de la Gobernación para despedir a delegados de prevención,
Es el mismo efecto que se ha replicado en la estatizada Friosa, donde una de las voceras y líder de las protestas que impulsaron la intervención por denuncias de corrupción, Noraida Potellá, fue despedida. Tras la medida tampoco se han registrado manifestaciones en empresa.
